Primer día del VI Congreso Internacional de Derecho y Justicia Constitucional examina desafíos del sistema penal

SANTO DOMINGO. Durante la primera jornada del VI Congreso Internacional de Derecho y Justicia Constitucional organizado por el Tribunal Constitucional (TC) se desarrollaron conferencias y paneles en los que expertos abordaron distintos desafíos relacionados con derecho penal, procesal penal y constitucional y resaltó la relevancia del debido proceso en materia penal para garantizar los derechos fundamentales. 

Las ponencias fueron escuchadas por cientos de juristas, académicos y servidores públicos que se dieron cita a este encuentro que reúne a más de 45 expertos nacionales e internacionales provenientes de Argentina, Costa Rica, España, Estados Unidos, Alemania, Perú, Puerto Rico, Colombia y la República Dominicana.

En la conferencia titulada «El debido proceso como fundamento del Estado social y democrático de derecho», el magistrado Manuel Ulises Bonnelly Vega, juez del TC, afirmó que el debido proceso es una garantía constitucional transversal a todo ejercicio de poder sancionador, «que se erige como muro de contención que procura evitar que el Estado y sus autoridades incurran en un uso excesivo o arbitrario del poder».

Posteriormente, el Dr. Alan Aldana, litigante e investigador internacional, hizo un breve análisis para el acceso ante la Corte Penal Internacional y advirtió que mientras los mecanismos internacionales de persecución penal y cooperación policial se expanden a un ritmo acelerado, los derechos constitucionales que protegen al ciudadano sufren un peligroso rezago.

Para profundizar en el tema central del evento académico desde la realidad local, se llevó a cabo el panel «El debido proceso: su realidad en el sistema de justicia penal dominicana», el cual fue moderado por el magistrado Amaury A. Reyes Torres.

En este conversatorio, el Dr. Enmanuel Cedeño Brea, superintendente de Bancos, resaltó que a pesar de que la Constitución consagra que la justicia es gratuita, la economía dicta que los recursos son limitados y exige que se ponga en práctica un ejercicio constante de optimización. 

Desde la óptica del Ministerio Público, habló la Mgda. Rosalba Ramos, procuradora fiscal titular del Distrito Nacional, quien afirmó que los fiscales están llamados a buscar la verdad, y que cuando tienen sesgos y no exploran todas las hipótesis, tanto las que están a favor como en contra del imputado, los resultados se afectan significativamente. 

Por otro lado, el jurista Julio Cury sostuvo que las medidas cautelares no deben desnaturalizarse como castigos anticipados ni usarse como moneda de uso corriente en el sistema penal, y el abogado Eduardo Núñez sostuvo que, aunque la República Dominicana cuenta con un amplio catálogo de garantías procesales y constitucionales, persiste un desafío fundamental: asegurar que las decisiones judiciales no solo respeten las formas del proceso, sino también la calidad y fiabilidad del conocimiento utilizado para establecer los hechos.

La jornada continuó con la conferencia del Dr. Martín Haissiner, director general de Asuntos Penales de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien abordó la problemática del control de la duración del proceso penal y la exigencia de aplicar de forma categórica los plazos máximos legales. El jurista sostuvo que el plazo máximo de duración del proceso está vinculado teleológicamente con el plazo razonable y que los dos establecen razones independientes para poner fin a un proceso penal.

El Congreso también contó con la conferencia de Daniel González Álvarez, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, quien manifestó que el derecho del imputado a recurrir una sentencia condenatoria constituye una garantía fundamental reconocida por los principales instrumentos internacionales de derechos humanos.  

Para el Dr. Javier De Luca, fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal de la República de Argentina, no existe un sistema procesal penal perfecto. En su conferencia: «Investigación del Ministerio Público: la eficacia garantista vs. la eficacia abusiva», dijo que el éxito del sistema estará dado por el respeto, por parte de todos los actores, de las conocidas garantías y derechos de jerarquía constitucional.

De su lado, el Dr. Alberto Binder, catedrático de la Universidad de Buenos Aires, disertó sobre la investigación penal y dijo que la transición del modelo inquisitivo al acusatorio no puede comprenderse como una mera sustitución normativa: constituye una disputa entre prácticas, organizaciones, posiciones institucionales y culturas jurídicas.

La jornada concluyó con el panel «Entre el modelo inquisitivo y el acusatorio. Tensiones», moderado por el director jurídico del TC, Wilmer Espinosa, que contó con la participación del jurista y catedrático Ramón Emilio Núñez, quien habló sobre el carácter de la investigación; y la jurista Luz Díaz Rodríguez con el tema de la lealtad procesal y la aplicación del principio de contradicción durante la investigación.

Sobre este tema, desde la perspectiva del sistema judicial, hablaron en el mismo panel el director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, que hizo énfasis en la tutela del derecho a la libertad y el abuso de la prisión preventiva, así como el magistrado Rafael Báez, juez de la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, quien se refirió a la tutela judicial de la ejecución de las decisiones en materia penal.

El VI Congreso Internacional de Derecho y Justicia Constitucional continúa mañana martes, 22 de un septiembre, con programa académico que incluye interesantes ponencias sobre el debido proceso.

 

Imágenes del evento