Magistrados y senadores conversan sobre retos de la omisión legislativa para el Estado constitucional

SANTO DOMINGO. Durante el primer encuentro formativo entre el Tribunal Constitucional (TC) y el Senado de la República se desarrolló el panel «La omisión legislativa: retos y desafíos para el Estado constitucional dominicano», en el que jueces y senadores abordaron el tema desde diferentes puntos de vista.

Este conversatorio contó con la participación de los magistrados Víctor Joaquín Castellanos Pizano y Justo Pedro Castellanos Khoury, y de los senadores Antonio Taveras, representantes de la provincia Santo Domingo, y José Manuel Castillo, de Barahona, con la moderación a cargo de la directora del Centro de Estudios Constitucionales (CEC), Dra. Mayra Cabral Brea.

La primera intervención estuvo a cargo del magistrado Castellanos Pizano, quien explicó que la omisión legislativa es una infracción que consiste en el incumplimiento por parte del legislador respecto a la obligación constitucional de legislar sobre una cuestión determinada.

«Por otra parte, la omisión legislativa relativa se produce cuando nos encontramos frente a un texto normativo deficiente o incompleto; es decir, en caso de que el legislador ejerza insatisfactoriamente su facultad de legislar, omitiendo determinadas previsiones cuya inclusión resulta constitucionalmente obligatoria», agregó.

Destacó que el TC se ha pronunciado en varias ocasiones a este tema, mediante sentencias como la TC/0079/12, del 15 de diciembre de 2012.

Castellanos Pizano se refirió a los principales desafíos que enfrenta el Estado dominicano con relación a la omisión legislativa, entre los que citó el cumplimiento voluntario de las reservas de ley establecidas por el constituyente, el acatamiento oportuno de las sentencias del TC, y la readecuación o armonización de disposiciones normativas obsoletas y corrección de la inconstitucionalidad sobrevenida.

Sobre el tema, el magistrado Castellanos Khoury expuso que, aunque este colegiado constitucional determina las omisiones para que el legislador produzca la norma o adecúe el texto de la ley estimada como inconstitucional, tales decisiones no están siendo acatadas o cumplidas dentro, ni fuera, de los plazos prefijados por el TC.

A lo interno del tribunal, calificó como un reto producir sentencias constitucionales en las que, en términos equilibrados, evite injerir en el Congreso Nacional y violar el principio de separación de funciones, al tiempo que salvaguarda la supremacía jurídica de la Constitución y la estabilidad del orden constitucional.  

Castellanos Khoury afirmó que uno de los mayores desafíos en el Congreso, en particular en el Senado, es producir una ley que consagre mecanismos efectivos para garantizar la ejecución o cumplimiento de las sentencias del TC.

En ese sentido, sugirió la designación de un organismo o comisión, que podría ser bicameral, para que se encargue exclusivamente de atender las exhortaciones y los mandatos del TC, y así cumplir con las sentencias constitucionales y poner en marcha las correspondientes iniciativas legislativa.

Al hablar sobre las exhortaciones hechas por el TC a los legisladores, el senador Taveras se refirió a la Sentencia TC/0113/21, en la que esta alta corte hizo un llamado de atención al identificar las legislaciones pendientes de creación. 

Puso como ejemplo leyes como la  concerniente al régimen de adquisición y transferencia de la propiedad inmobiliaria en la zona fronteriza, la de estímulo y motivación al deporte y la atención integral a los deportistas, entre otras.

«Luego de esta sentencia, algunas de las legislaciones identificadas han sido debidamente aprobadas y promulgadas”, enfatizó el senador, mencionando el caso de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, cuyo estudio en el Congreso Nacional estuvo liderado por senadora Faride Raful.

Taveras reconoció que, como legisladores, deben hacer más para cumplir con los mandatos constitucionales de legislaciones, así como con las exhortaciones del TC, y dijo que hay que establecer mecanismos más precisos de priorización de iniciativas legislativas.

De su lado, el senador de Barahona, José Manuel del Castillo Saviñón, destacó que pocas reformas han tenido tanto impacto en la organización constitucional del poder como la creación del Tribunal Constitucional, y reconoció que esta corte ha logrado, en la mayoría de los casos, frenar los abusos de la administración, corregir los errores del legislativo y ejercer su rol de control de la constitucionalidad y garante supremo de los derechos fundamentales.

Dijo que el TC se ha referido varias veces a las omisiones legislativas absolutas y relativas, que han dejado precedentes interesantes que han sido objeto de discusión hasta en la misma entidad judicial, como se refleja en la Sentencia TC/0113/21, relativa a la declaratoria de inconstitucionalidad por omisión, debido al incumplimiento por parte del legislador.

Del Castillo Saviñón afirmó que la acción del TC debería limitarse a exhortar al Congreso Nacional a cumplir con el mandato constitucional, si se quiere en un esfuerzo de diálogo entre poderes, sin ponerle límites que el propio constituyente ha obviado. «De esta manera, a la vez que el TC cumple su función de garante de la supremacía de la Constitución, se resguarda dentro de su atribución funcional sin alterar la división de poderes, e invita al legislativo a cumplir con su papel de legislador positivo, en el marco de sus atribuciones constitucionales y de conformidad con el proceso de formación de la ley, que está dispuesto en la propia Constitución de la República», agregó.

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