Magistradas de Latinoamérica y el Caribe instan a eliminar obstáculos históricos para alcanzar paridad

SANTO DOMINGO. Durante el Primer Encuentro Regional de Magistradas de Altas Cortes de Latinoamérica y el Caribe, magistradas de la región coincidieron en que avanzar hacia una mayor participación de las mujeres en los máximos tribunales fortalece la independencia judicial, enriquece la toma de decisiones y contribuye a una justicia más inclusiva.

Estas reflexiones fueron expuestas durante el panel «La paridad de género en las altas cortes: retos e impacto sustantivo en la administración de justicia», en el que participaron Nancy Yáñez Fuenzalida, ministra del Tribunal Constitucional de Chile; Karla Andrade Quevedo, vicepresidenta de la Corte Constitucional del Ecuador; Nancy Salcedo, jueza de la Suprema Corte de Justicia dominicana; Sonia Díaz Inoa, jueza del Tribunal Constitucional dominicano, y Hermenegilda Fondeur Ramírez, pasada jueza titular del Tribunal Superior Electoral dominicano. El conversatorio fue moderado por Lilly Acevedo, presidenta de la Asociación Dominicana de Propiedad Intelectual.

El encuentro internacional fue organizado por el Tribunal Constitucional (TC), a través de su Comisión de Igualdad de Género, con el apoyo del Instituto O'Neill de la Universidad de Georgetown (Estados Unidos). Durante la jornada, las panelistas plantearon la necesidad de impulsar cambios culturales, institucionales y normativos que garanticen la participación efectiva de las mujeres en los órganos de poder, permitan avanzar hacia la paridad y eliminen las barreras históricas que han limitado su acceso.

En su intervención, Yáñez Fuenzalida afirmó que pese a que en las últimas décadas ha habido una mayor representación femenina en la vida pública producto de la implementación de las cuotas de género y que el constitucional chileno ha emitido sentencias que garantizan derechos de mujeres, aún persisten barreras para alcanzar la paridad plena.

Ante ese escenario, la jueza chilena consideró que una solución posible para superar este reto es la creación de una ley de paridad efectiva, con la que el acceso a los órganos de representación sea posible para todos.

Para Fondeur Ramírez, el hecho de que la mujer no logre una real participación en política y acceda a cargos electivos «no es asunto de las leyes ni de los organismos electorales —en buen dominicano decimos “la fiebre no está en la sabana”—, sino en la oportunidad que le deben ofrecer los partidos políticos a las mujeres que desean participar en política».

La exmagistrada sostuvo que la labor del Tribunal Superior Electoral dominicano protegió el derecho de participación de la mujer en política mediante la emisión de sentencias que, posteriormente, fueron respaldas por el Tribunal Constitucional.

En esa misma línea, la magistrada Díaz Inoa precisó que el Constitucional dominicano ha sido relevante para garantizar los derechos de las mujeres y lograr la igualdad sustantiva, producto del pensamiento y las decisiones que ha tomado a lo largo de más de una década de trabajo.

La magistrada entiende que, pese al problema cultural, la República Dominicana ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de las mujeres en varios ámbitos de la sociedad, aunque aún falta que lleguen a presidir una alta corte.

En cuanto al tema, la jueza Andrade Quevedo explicó que la Constitución ecuatoriana obliga a la paridad en los órganos políticos y judiciales, y aseguró que las cuotas de género son necesarias para generar paridad y contrarrestar la cultura que no permite a las mujeres ser visibles.

Resaltó, además, la importancia de contar con instituciones robustas para el fortalecimiento de los sistemas constitucionales y continuar avanzando en la igualdad entre mujeres y hombres.

Sobre esto, la jueza Salcedo afirmó que para lograr un cambio y alcanzar la paridad de género no solo hay que crear normativas, sino que se debe generar un cambio cultural real, profundo y sostenible.

Puso como ejemplo que, aunque la Suprema Corte de Justicia dominicana existe desde el nacimiento de la República, hace casi dos siglos, todavía ninguna mujer ha ocupado su presidencia. 

Por último, ante la pregunta de la moderadora Lilly Acevedo, las panelistas insistieron en la importancia de contar con cuotas de genero para seguir avanzando en la representación femenina en los puestos de toma de decisiones.

Conferencia sobre paridad de género en las altas cortes

Luego del panel, la jurista colombiana Silvia Serrano, codirectora del Centro para la Salud y los Derechos Humanos del Instituto O'Neill de la Universidad de Georgetown, dictó la conferencia magistral «La paridad de género en las altas cortes: de la representación formal al impacto sustantivo en la administración de justicia», en la que abordó los principales desafíos que aún enfrenta la región para avanzar hacia una representación más equitativa de las mujeres en los máximos órganos judiciales.

La conferencista afirmó que la paridad de género en la función pública es un principio democrático y destacó cómo el rol de la mujer en la judicatura contribuye a su igualdad sustantiva.

La Dra. Serrano se refirió a la importancia de entender las causas estructurales de la falta de participación y representación adecuada de las mujeres en la función pública, entre las que citó las limitaciones formales y jurídicas de los derechos públicos, así como las limitaciones informales a partir de prácticas silenciosas que siguen perjudicando la representación en la política.

«Es cierto que se ha avanzado enormemente en la representación de las mujeres en el poder público, pero uno de los grandes desafíos sigue siendo una representación diversa de las mujeres en el poder público en general, incluyendo altas cortes, mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes, mujeres con discapacidad, que siguen siendo minoritarias dentro del grupo de mujeres, muchas veces ya reducido, que pueden acceder a posiciones de poder», destacó.

 

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