SANTO DOMINGO. La magistrada del Tribunal Constitucional (TC) Army Ferreira participó el conversatorio «Reglamentaciones contra la violencia, discriminación y acoso de la mujer», organizado por la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y su Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas en el marco de la cátedra magistral Dra. Ana Teresa Paradas Sánchez.
Durante el panel en que también participaron las juezas Nancy Salcedo, de la Suprema Corte de Justicia y Hermenegilda del Rosario Fondeur Ramírez, del Tribunal Superior Electoral, Ferreira destacó que el TC tiene regulaciones contenidas en la Resolución 4-23 que instituye el Reglamento de Ética y Disciplina del Tribunal Constitucional, en el que se manejan tres conceptos importantes: violencia, discriminación y acoso.
«Un punto importante de este reglamento es, primero, que pasa por el tamiz del principio constitucional de la igualdad, porque protege tanto el servidor como a la servidora constitucional», resaltó la jueza constitucional.
Afirmó que un segundo punto importante del reglamento es que categoriza las conductas como faltas de primer, segundo y tercer grado, estableciendo que tanto la discriminación como la violencia y el acoso son faltas de tercer grado que dan lugar a la destitución, sin perjuicio de las acciones penales, civiles y administrativas en favor de la víctima.
«Como ven, contamos con una herramienta útil que establece un código de conducta que tiene dos vertientes importantes, la primera es una vertiente aleccionadora, porque educa al empleado o servidor constitucional, sobre la conducta que de él se espera y establece el régimen de consecuencias en función de la inobservancia, y en segundo lugar la vertiente número dos, que para mí es sumamente importante, es una vertiente protectora, en favor de la víctima, que es la que genera esa confianza tan necesaria que da lugar a que cualquiera que sea víctima de acoso, de violencia, de abuso de poder, pueda denunciar», agregó.
Finalmente, la jueza Army Ferreira enfatizó que este reglamento es evidencia de que los servidores constitucionales cuentan con una institución que tiene tolerancia cero hacia estas conductas, con el fin de crear un ambiente laboral basado en el respeto, de la seguridad y la sana convivencia.
La magistrada Nancy Salcedo, de la Suprema Corte de Justicia, se refirió al protocolo de actuación contra la violencia, discriminación y acoso de noviembre del 2022 que funciona dentro del Poder Judicial, el que, asegura, tiene un impacto en el ambiente laboral, ya que permite prevenir estas formas de violaciones a los derechos humanos.
Uno de los puntos aprobados en el referido protocolo establece que «El Poder Judicial dominicano asumió el compromiso de establecer y mantener un ambiente laboral que favorezca las relaciones de trabajo armoniosas y productivas, rescatando la dignidad humana, sin dejar espacio al acoso en cualquiera de sus modalidades».
Para la jueza Hermenegilda del Rosario Fondeur Ramírez, del Tribunal Superior Electoral, el empoderamiento de la mujer y el acoso sexual van de la mano, porque nunca como hoy la mujer está tan enraizada en su proyecto como mujer y en que no sea violada su dignidad.
Afirmó que como el TSE es una institución que nació en 2010, desde el inicio se tomaron medidas con relación a este tipo de situación personal que se puede dar, que se rigen por Reglamento de Comportamiento Ético y Protocolo, actualizado por el actual Pleno, y trabajan en la elaboración de un protocolo para dejar establecidas las directrices frente a algún tipo de acoso sexual.
La magistrada Del Rosario Fondeur se unió a la posición expuesta por las disertantes anteriores sobre la necesidad de denunciar el acoso y apoyar a las personas cuando se comprueba que realmente se trata de una víctima.
Como moderadora de este conversatorio fungió la jueza del Tribunal Superior Administrativo, Mery Laine Collado Tactuk.
Cátedra magistral Dra. Ana Teresa Paradas Sánchez
La cátedra magistral Dra. Ana Teresa Paradas Sánchez, con el tema «Empoderamiento de las mujeres y eliminación del acoso sexual contra las mujeres en el lugar de trabajo», estuvo a cargo de la jueza de la Corte de Familia del condado del Bronx, Fiordaliza Rodríguez, quien resaltó la importancia del empoderamiento para combatir el acoso sexual, así como el apoyo que deben recibir las víctimas.
La disertante resaltó que en este mes que se honra a las mujeres su objetivo es crear conciencia para poder crear un ambiente de trabajo seguro y respetuoso para todas.
«Nuestra responsabilidad como mujeres es mirar más allá del presente y proyectar un horizonte de prosperidad y sostenibilidad. Es importante que las mujeres usen su voz y se sientan empoderadas para enfrentar el acoso sexual, ya que ellas tienen derecho a un ámbito seguro en el trabajo», destacó.
Rodríguez definió el acoso sexual como una conducta no deseada de naturaleza sexual que interfiere con el desempeño laboral y crea un ambiente de trabajo intimidante, hostil y ofensivo.
La jueza de la Corte de Familia del condado del Bronx destacó que estudios recientes demuestran que el acoso sexual puede tener consecuencias graves, como depresión, ansiedad, trastornos del sueño, baja autoestima y comportamiento suicida, entre otras.
Al referirse a la cultura organizacional y la responsabilidad empresarial, afirmó que los espacios de trabajo pueden ayudar a empoderar a las mujeres si implementan políticas y crean canales seguros de denuncias, además de que pueden resaltar el papel de la gerencia de fomentar una cultura de respeto e inclusión, así como promover activamente la diversidad para prevenir el acoso sexual.
Resaltó la importancia de apoyar a las víctimas de acoso sexual y promover políticas mejores y claras en cada lugar de trabajo, lo que permitirá una mayor productividad y un ambiente laboral saludable.
Entre los asistentes a esta cátedra destacan las magistradas María del Carmen Santana de Cabrera y Sonia Díaz Inoa; el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNPHU, magistrado Francisco Ortega, autoridades universitarias, representantes de la comunidad jurídica y estudiantes de la carrera de Derecho.
Durante la actividad, las autoridades de la universidad entregaron el pin y la bufanda institucional a cada una de las participantes.