Jueza del TC destaca papel del derecho en la transformación de la administración pública

SANTIAGO. La magistrada María del Carmen Santana de Cabrera dictó la conferencia «El derecho como herramienta de transformación pública», en la que destacó que el derecho es esencial para el desarrollo de la sociedad y que solo el respeto al Estado de derecho garantiza la legalidad de las actuaciones administrativas y los derechos fundamentales.

Al participar de la actividad «ENTRA Cibao: de la toga al impacto», que reunió en Santiago a miembros de la comunidad jurídica, la magistrada Santana de Cabrera analizó cómo los cambios normativos y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional han contribuido a modernizar la gestión estatal, fortalecer el control sobre las actuaciones de los órganos públicos y promover una mayor eficiencia en la prestación de servicios de interés colectivo.

Explicó que como establece el artículo 138 de la Constitución dominicana, la Administración pública está sujeta a principios tales como eficacia, objetividad y coordinación y para alcanzarlos se requiere de un marco jurídico claro. «Es en el derecho donde las instituciones públicas encuentran el fundamento para sus actuaciones en favor del bienestar colectivo», dijo.

La jueza constitucional precisó que no se puede hablar de transformación si no existe un conjunto de reglas claras y previamente definidas. «Tanto juristas como economistas han coincidido en la idea de que un Estado de derecho sólido constituye la “espina dorsal” del desarrollo socioeconómico», añadió.

Para la magistrada Santana de Cabrera la transformación de la Administración pública no debe basarse únicamente en la adopción de modelos de derecho comparado y planteó que los cambios jurídicos deben partir de la identificación de oportunidades de mejora y estar acompañados de mecanismos de monitoreo que permitan evaluar la efectividad de las reformas implementadas.

Señaló que, por ejemplo, si se altera la estructura orgánica de algún ministerio u órgano del Poder Ejecutivo, este cambio debería contar con un estudio de factibilidad previo, acompañado de una rendición de cuentas sobre el éxito o no de esa transformación.

Dijo que este mismo enfoque puede aplicarse a los servicios públicos, ya que el artículo 147 de la Constitución establece que estos deben orientarse a satisfacer las necesidades de interés colectivo, garantizando principios como la accesibilidad, la eficiencia y la calidad.

La magistrada Santana de Cabrera indicó que el cumplimiento de estos objetivos requiere un marco jurídico que permita hacerlos efectivos en beneficio de la ciudadanía. «No se podría hablar, por ejemplo, de una pensión digna sin una legislación sobre seguridad social adecuada, la cual debe contar con una supervisión judicial en su cumplimiento», dijo.

Al hablar sobre casos concretos, destacó la transformación digital experimentada por la Administración pública en la última década, facilitando que los ciudadanos puedan gestionar trámites y solicitar documentos oficiales de manera remota a través de Internet. Señaló que esto ha sido posible gracias al desarrollo de instrumentos jurídicos que han establecido las bases para su implementación.

La magistrada presentó como ejemplo la labor jurisprudencial del Tribunal Constitucional y citó la Sentencia TC/0162/20, mediante la cual se dispuso que la retención arbitraria y carente de justificación legal de un bien puede dar lugar a su devolución a través de una acción de amparo.

Consideró que este precedente evidencia el papel que desempeña el poder jurisdiccional en la supervisión de las actuaciones de los órganos e instituciones públicas, contribuyendo a que la transformación pública no dependa exclusivamente de la aprobación de nuevas normas, sino también del cumplimiento efectivo de las disposiciones vigentes.

Santana de Cabrera manifestó que estos ejemplos demuestran que el derecho representa la base del desarrollo social y uno de los principales motores de la transformación de la gestión pública.

«Solo con respeto al Estado de derecho puede garantizarse la legalidad de las actuaciones administrativas y el consecuente respeto a los derechos fundamentales de las personas. A partir de estos razonamientos y ejemplos, hemos podido constatar que el derecho es, sin dudas, la “espina dorsal” de nuestro desarrollo como sociedad y, particularmente, de la transformación pública», concluyó la jueza constitucional.

Al concluir el acto, la magistrada Santana de Cabrera recibió un reconocimiento de los organizadores por su trayectoria en la judicatura, su compromiso con la protección de los derechos fundamentales y su dedicación al servicio de la justicia.