El Tribunal Constitucional, el Senado y Unicaribe inician «Diplomado en Derecho y Procedimientos Constitucionales» para Senadores y servidores legislativos
-El magistrado Manuel Ulises Bonnelly Vega, coordinador CEC, manifestó que este tipo de iniciativas es de suma importancia en la consolidación de una cultura constitucional -En el acto de apertura, el magistrado Domingo Gil dictó una conferencia sobre la importancia de una legislación conforme a la Constitución para el Estado social y democrático de derecho
SANTO DOMINGO. El Tribunal Constitucional (TC), el Senado de la República Dominicana y la Universidad del Caribe (Unicaribe) iniciaron el «Diplomado en Derecho y Procedimientos Constitucionales», dirigido a Senadores y servidores legislativos con el objetivo de que actualicen sus conocimientos sobre aspectos normativos de la Constitución.
El acto estuvo encabezado por el presidente del TC, magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier; el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y el rector de Unicaribe, Emilio Mínguez.
Al pronunciar las palabras de bienvenida, el senador De los Santos indicó que este diplomado contribuirá a fortalecer las competencias profesionales de los servidores legislativos, lo que tendrá un impacto positivo en la calidad de las leyes y normas que se produzcan desde el Senado.
De su lado, el magistrado Manuel Ulises Bonnelly Vega, coordinador del Centro de Estudios Constitucionales (CEC), manifestó que este tipo de iniciativas es de suma importancia en la consolidación de una cultura constitucional y el fortalecimiento del Estado de derecho.
«El derecho constitucional es piedra angular de cualquier sistema democrático. Es esta la disciplina que define los principios y valores sobre los que se asienta cualquier nación, regula la estructura y funcionamiento de los poderes del Estado y garantiza los derechos fundamentales de todos los ciudadanos», expresó.
Igualmente, el decano de la Facultad de Derecho de Unicaribe, Edward Abreu, resaltó la importancia de este tipo de iniciativas.
En el evento, el magistrado Domingo Gil, juez de esta alta corte, dictó la conferencia «Importancia de una legislación conforme a la Constitución para el Estado social y democrático de derecho», en la que resaltó la supremacía la carta magna y la necesidad de que las personas y todos los poderes públicos la conozcan y estén sujeta a ella.
Estuvieron presentes en la actividad, los magistrados José Alejandro Ayuso, Alba Luisa Beard Marcos, Amaury A. Reyes Torres, la secretaria Grace Ventura Rondón; así como la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, legisladores, académicos, juristas y servidores constitucionales.
Programa del diplomado
El programa de estudio se llevará a cabo durante 11 sesiones de trabajo, algunas en modalidad presencial, y otras virtual. Contará con un cuerpo docente de destacados jueces y juristas nacionales e internacionales.
Se abordarán temas relativo al Estado social y democrático de derecho, la Constitución y el constitucionalismo, teoría de los derechos, deberes y garantías fundamentales, derechos civiles y políticos, de género y en situación de vulnerabilidad, de tercera y cuarta generación, aspectos de técnicas legislativas, entre otros tópicos.
Sobre la conferencia
Al dictar la conferencia, el magistrado Gil indicó que República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho, lo que implica, conforme al artículo 8 de la Constitución, «la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva».
Precisó que, en el país, además de los derechos fundamentales establecidos constitucionalmente, se suman los contenidos en tratados, pactos y convenios, como también los que son reconocidos como tales por la jurisprudencia.
Con respecto al ejercicio del poder del Estado, dijo que la separación de los poderes públicos, no solo «reparte» funciones y competencia, sino que establece un verdadero sistema de pesos y contrapesos.
El magistrado Gil destacó la supremacía de la Constitución, que en su artículo 125 establece que «todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución”.
«No es suficiente tener una Constitución a imagen y semejanza de la descrita por el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se requiere, además, el sometimiento de todos al mandato de la Constitución. Sin ello no hay estado social y democrático de derecho y, por tanto, no hay verdadero estado constitucional», agregó.
El juez expuso que, en procura de preservar el estado constitucional, la propia carta magna ha creado los mecanismos para su preservación que son el control de constitucionalidad en sentido estricto, el control de convencionalidad y el recurso de revisión constitucional.
Indicó que estos son conocidos por el Tribunal Constitucional, pues es el responsable de garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales, y que esta labor lo ejerce frente a los tres poderes y todos los órganos del Estado.
Imágenes del evento
